Derechos de autor y derecho a la educación

El derecho de autor le pertenece al creador de una obra literaria y le otorga el privilegio de que su nombre sea reconocido junto con su creación por siempre. A eso se le llama derecho moral del autor. Pero, además, es exclusivo del creador de una obra literaria el derecho a decidir si publica o no su obra, si la ofrece en acceso gratuito o si espera alguna retribución económica por ello. A este derecho sobre la explotación comercial de la obra se le llama el derecho patrimonial. Las leyes de Derechos de Autor protegen estos privilegios que el escritor se gana cuando escribe un libro, un artículo o un poema, producto de sus estudios, de su inteligencia, de su sensibilidad humana o artística o de su sabiduría. Una obra de carácter académico lleva un esfuerzo adicional por su línea, ese es tiempo y trabajo y como tal merece respeto por parte del lector. Al autor no lo respalda el derecho a un salario mínimo ni jornada mínima, con lo único que cuenta es con la Ley de Derechos de Autor y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Estas leyes le garantizan a toda la humanidad la oportunidad de acceder a una parte de la cultura y el conocimiento.

Los autores escriben sus obras para que otros las lean, disfruten, compartan y comparen sentimientos, pensamientos y conocimiento, por esta razón el aprendizaje está necesariamente ligado a los libros. Quien desea aprenderlo todo, anhela el acceso a todos los libros; quien los creó espera que se le reconozca el mérito de su creación, tanto moral como patrimonialmente. Y lo que aparenta una contradicción resulta una simbiosis. Sin el autor el aprendizaje sería incompleto; sin la educación, la creación del autor sería inútil. No en vano ambos derechos están consagrados en el mismo artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” y que “Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias y artísticas de que sea autora”.

Al respecto la Licda. Gabriela Miranda Urbina, en su artículo La propiedad intelectual es un derecho humano (La Nación, mayo 10, 2012) nos ilustra:

“La propiedad intelectual es el medio por el cual se resguarda el acceso a la cultura y al avance científico a favor de la sociedad y la colectividad, sin que ello violente los derechos patrimoniales y morales de los autores e inventores; estos, a su vez, tienen el derecho humano reconocido de recibir una remuneración por su trabajo.

Esta herramienta constituye también un derecho humano por medio del cual se tutelan el desarrollo y el avance cultural, artístico y científico, el acceso a la libertad de expresión (incluida la libertad de investigar y recibir información e ideas de toda clase y de difundirlas), el derecho al pleno desarrollo de la personalidad humana y el derecho a participar en las actividades culturales, respetando siempre el derecho de los autores e inventores de proteger sus creaciones por los mecanismos legales establecidos.

Deben pensar en que, más allá de una garantía económica, están resguardando su legado para futuras generaciones en el país y el mundo”.

En el Derecho de Autor se establece la excepción académica (artículos 9 Bis y 10 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (suscrito por Costa Rica), artículo 73 de la ley No. 6.683 de Derechos de Autor y Conexos, artículo 58 de la ley No. 8.039 de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual), que permite el copiado parcial de obras para la ilustración educativa (no así obras completas), siempre que se haga de manera honrada, de manera lícita para que se respeten los derecho morales y patrimoniales del autor. En el Derecho de Autor a esto se le llama los usos honrados o usos debidos. El cumplimiento de estos usos le compete a todos, especialmente a quienes obtienen algún beneficio económico por la reproducción de obras protegidas.

FINES ACADÉMICOS

En el ámbito universitario es común que se realicen investigaciones teóricas o aplicadas en campos inéditos, a cargo de docentes e investigadores de la institución. Para facilitar esta labor académica, los autores y editoriales pueden extender permisos y dispensas especiales a las universidades, si así lo solicitan y justifican. En estos casos al solicitante no le motiva ningún ánimo de lucro, solo le interesa el beneficio de uso para un propósito académico-investigativo determinado, y lo acuerpa la excepción académica del Derecho de Autor.

Si el concepto “fines académicos” se desvirtúa (el fin, justifica los medios), entonces todos los abusos podrían ser justificados: un estudiante de música argumentaría que copia discos porque los hace con fines académicos y para uso personal; un estudiante de literatura copiaría todos los libros de Carlos Rubio; un estudiante de computación quemaría todos los discos de software; un estudiante de producción audiovisual no tendría impedimento para copiar películas de cine; una persona se declararía autodidacta en todo y copiaría de todo para su autoformación.

El tomar los fines académicos como excusa y demagógicamente propicia una evidente violación al orden jurídico. Si una universidad cobra por sus matrículas y el docente percibe una remuneración llamada salario, ¿por qué razón el autor y las editoriales tienen que dejar de cobrar por las obras que producen precisamente para coadyuvar en los procesos de aprendizaje?

Cuando en la universidad se permite y promueve la fotocopia irregular de libros, surge una paradoja: la universidad debiera proteger a sus graduados una vez que estos comienzan a producir profesionalmente y a gestar obras literarias. En un centro de enseñanza se educa y uno de los valores primarios lo es respetar la propiedad ajena, y la intelectual es una que tiene protección legal, constitucional e internacional.

El autor y consultor de marketing comercial y político, señor Ricardo Homs, en su artículo La ley Villalta…legalización del latrocinio (El Universal.mx, Edición Digital, México, 13 de agosto del 2012) anota:

“Esta ley (Ley 17.342) significa regresar al concepto atribuido a Maquiavelo (autoría que nunca le fue comprobada) de que “el fin justifica los medios”. Es grave que desde el órgano legislativo cuya función primordial es “proteger el estado de derecho”, se pretenda con una visión populista beneficiar el acceso a un derecho de una dimensión muy amplia y abstracta como lo es el “derecho a la educación”, pasando por encima de un derecho directo y específico como lo es el de propiedad intelectual de los creadores y así se legalice el despojo que de entrada rompe el sustento de la certeza jurídica que el órgano legislativo debe proteger como institución.

Esta ley roba a autores, editores y a toda la red de distribución, el fruto de su trabajo, para que otro empresario, -que es el dueño del negocio del fotocopiado-, lucre con el esfuerzo ajeno.

…

El sentido común nos dice que no se puede impartir justicia a unos, cometiendo injusticia sobre otros.

Otro aspecto importante a considerar es el significado de esta acción como parte del proceso formativo implícito en la educación, pues impacta el sistema de valores del estudiante. La visión de que el fin justifica los medios es la esencia de la corrupción. No se puede formar un estudiante que llegue a ser un profesional sólido, ética y moralmente, a través de prácticas que legalizan el despojo de los derechos universalmente validados, lo cual por tanto representa una incongruencia.

…

Además denigra lo que es la razón de ser del sistema académico, el conocimiento, pues le demerita y resta valor. El libro es el símbolo indubitable del conocimiento y la cultura y degradarlo al nivel de ser copiado impunemente, significa que su contenido no tiene valor comercial. Es transferir el derecho al usufructo del libro, de sus creadores, al fotocopiador quien se convierte en el único explotador con derechos económicos sobre la obra editorial.”

El señor Óscar Castillo, director de Uruk Editores, en artículo pronto a publicar, La excepción académica no es la norma, señala:

“En todos los campos de la actividad humana hay personas que no actúan con honradez, por lo que la sociedad establece penas y castigos para forzar su comportamiento. Eso hace también el Derecho de Autor; establece penas para los violadores de los derechos de los autores, igual que se castiga a quienes atentan contra el derecho a la vida o a la libertad de otras personas, por ejemplo.

La Ley del Fotocopiado, recientemente aprobada en la Asamblea Legislativa, propone precisamente eliminar las penas por la violación de los usos honrados o usos debidos del Derecho de Autor, supuestamente para el caso de la excepción académica. Pero en realidad elimina las penas para todos los casos de violación del Derecho de Autor y convierte, además, la excepción académica en la norma, no en beneficio de los estudiantes sino de quienes hacen comercio con las creaciones ajenas. La ley, por ello, favorece los comportamientos deshonestos usando, con total engaño, la bandera de la educación y mintiendo cuando afirma que los posibles sancionados por incumplir los usos honrados, serían los estudiantes. Los autores, los editores y los libreros trabajamos para los lectores y los estudiantes; mal haríamos en oponernos a ellos. Pero no es justo ni correcto que otros comerciantes se aprovechen, para su propio lucro y provecho y con el favor de algunos legisladores, del trabajo honesto del mundo editorial.”

ANTOLOGÍAS

Otro tema ligado a la educación lo constituyen las denominadas “antologías”. Una antología legal corresponde a un trabajo intelectual, que adquiere vida propia y debe registrar su propio ISBN. Debe contar con un autor de por medio, que estudia múltiples escritos y selecciona párrafos o páginas que favorecen su propósito e hilvana un argumento académico, el que debe dar espacio dentro de la obra para dar créditos a autores e impresores del material entresacado que hayan dado, con anterioridad, su autorización expresa.

Si en vez de esto, la supuesta antología consiste en un colage de fotocopias, entonces no hay ningún talento y más bien usurpa lo que otra persona aportó al conocimiento.

El Lic. Arnaldo Bonilla Quesada en su artículo Derechos de Autor y un cambio en la mentalidad (La Nación, 27 de mayo, 2010) nos ilustra aún más:

“Los derechos de autor no conculcan el derecho a la educación, por el contrario, permiten al creador de una obra recibir un reconocimiento por la creación intelectual, con la intención de que siga creando nuevas obras que beneficien a muchos.

Desafortunadamente, nuestra idiosincrasia ha sido permisiva en el uso de copias y otras reproducciones, acto que es visto con total naturalidad, cuando en realidad se trata de un delito que, inclusive, puede ser penado. De esta forma, nos hemos acostumbrado a recibir un beneficio a un bajo costo (o ninguno) mientras Internet permite, aun más, que se dé un aprovechamiento ilícito de las obras, particularmente las literarias y musicales.

Los derechos de autor y la propiedad intelectual existen y se deben respetar, empezando por los centros de enseñanza donde, inclusive, son los mismos profesores quienes dejan la “antología” en la fotocopiadora del centro educativo para que los estudiantes pasen a comprar las copias.”

PRECIO DE LOS LIBROS

Concebimos la importancia de la lectura aparejada a la importancia de la creación de obras escritas que, en géneros literarios y no literarios, expresen las particularidades de nuestras identidades y nuestras realidades, vistas desde las ópticas diversas de muchos autores. La pluralidad que pudiera resultar de un ejercicio semejante deberá proveernos de herramientas culturales, científicas, tecnológicas, sociales y políticas para enfrentar los retos del desarrollo y del futuro –visto este como el resultado del presente y del pasado – con creatividad, innovación y respeto a las tradiciones valiosas.

Las tareas que esos dos extremos de la lectura nos imponen, pasan necesariamente por la tarea de poner en manos del público los libros, para su uso, consumo y lectura. En nuestra sociedad, esa tarea es la naturaleza del comercio, en este caso del comercio de los libros.

Este comercio está sujeto a las condiciones propias del mercado: oferta contra demanda.

El escritor y representante por varios años del Fondo de Cultura Económica en Costa Rica, Jorge Jefferson Porras Cartín nos explica en su reflexión ¿Fotocopiado o piratería?, publicado en el blog jjefferson.ticoblogger.com el pasado 21 de agosto:

“UN CÍRCULO VICIOSO: El mundo editorial y el precio de los libros se calcula de una forma muy sencilla que es determinada directamente por el volumen de impresión, o sea como es fácil comprender entre más ejemplares es más barata la unidad; el fenómeno que se da con la piratería o fotocopiado es muy sencilla de comprender. Al más personas fotocopiar sus libros menos los compran lo que aumenta el precio de los ejemplares, lo cual a su vez da al consumidor un argumento “válido” para optar por la fotocopia pues “Los libros son muy caros” con lo cual el fenómeno se repite y de nuevo el precio del ejemplar aumenta. De forma que si alguien se pregunta: ¿Por qué los libros son tan caros? La respuesta es simple y en dos partes: 1- Porque cada vez menos personas leen y 2- Porque cada vez más personas optan por la piratería.”

Los libros no se fotocopian por caros, se vuelven caros por la afectación del fotocopiado ilegal, causando así un severo daño a los lectores, especialmente a los estudiantes y a sus familias.

El escritor Adriano Corrales Arias tiene muy claro los estragos que la Ley del Fotocopiado puede causar, según lo expresa en su artículo De la quema de libros al fotocopiado (Diario Extra, 24 de julio, 2012):

“Son muchos los argumentos contra una ley demagógica, incoherente y populista como la aprobada. No deberían aparecer triunfalistas sus proponentes al creer que con la misma obtuvieron una conquista desde la izquierda en una Asamblea Legislativa tan mediocre, medieval y oportunista como la que padecemos. La obstrucción al crecimiento cultural, educativo y literario por medios editoriales le sirve al oscurantismo y a los intereses más retrógrados, no así a la cultura costarricense. Es una quema de libros virtual.

Sangría fatal. El resultado de una ley de tal naturaleza es previsible por sus primeras manifestaciones: sustancial reducción de la venta de libros escolares, colegiales y universitarios. De tal modo que las editoriales nacionales sufrirán una sangría fatal para su estabilidad. Es que no solo se trata del respeto al derecho de autor sino también a los derechos conexos, es decir, los implícitos en el proceso de edición. Y también los que se refieren a las condiciones de comercialización, pues la ley funda los derechos de mercadeo de los fotocopiadores sobre el esfuerzo que hacen los editores sin que se les retribuya, sino más bien con base en un despojo.

Quienes conocemos la labor de las editoriales del Estado y, especialmente, las independientes, sabemos que la ley podría ser una sentencia de muerte a las empresas como tales y, por supuesto, al aporte que realizan a la educación y a la cultura.”

Don Jaime Ordoñez añade en su artículo Libros, fotocopias y populismo (Diario Extra, 24 de Julio, 2012)

“Esta absurda Ley no sólo genera un doble estándar; no sólo desincentivará la producción intelectual nacional (y matará las pocas casa editoriales que subsisten en Costa Rica), sino que generará la pero de las paradojas posibles. Demeritará el valor del libro como objeto. Los estudiantes no comprarán libros, no harán sus propias bibliotecas, clave de cualquier persona culta. El libro será un objeto secundario, fungible. Y al fin del período lectivo, habrá un montón de fotocopias en el desván para tirar al basurero o, mejor aún, mandar a quemar. Ya les dije, ¡Fahrenheit 451 en pleno trópico!”

IMAGEN DE COSTA RICA COMO PAÍS DE DERECHO

Costa Rica ha gozado de una excelente imagen como país respetuoso de los derechos, admirado por tener un ejército de estudiantes en vez de militares y por ser un país de paz.

De nuevo acudimos al escritor Ricardo Homs en su artículo, ya mencionado, La Ley Villata…legalización del latrocinio, para ilustrar como sería afectada esa imagen:

“Por último cabe destacar el impacto de esta medida, (la ley Villalta), en la imagen de Costa Rica.

En todo el mundo Costa Rica ha sido percibido como un país altamente civilizado y democrático al que incluso se le ha denominado “La Suiza de América”. La desconfianza que puede generar esta ley sobre la inversión extranjera y las relaciones comerciales de este país puede ser de alto impacto negativo sobre su economía, incluso si en algún momento otro país intentase plantear una ley similar, la ley Villalta en el extranjero se convertiría en la Ley Costa Rica, para significar el nada honroso mérito de haber sido el primer país que acepta una ley tan retrógrada como ésta.”

ALTERNATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS

En Costa Rica la educación gratuita y obligatoria es responsabilidad del Estado y de la ciudadanía que aporta al erario público. Esa educación debe responder a mínimos estándares de calidad que le garanticen a la sociedad profesionales íntegros, con valores de alta factura humana y capaces de asumir los retos de un mundo cada vez más competitivo.

Esta educación es posible sí y sólo sí nuestros estudiantes logran cultivar el hábito de la lectura, que les permitirá desarrollar capacidades deductivas, creativas y críticas, necesarias para el buen desempeño profesional y personal.
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura deben promover programas de fomento de lectura, procurando el abastecimiento pertinente y oportuno del material bibliográfico a las bibliotecas públicas, escolares, municipales y universitarias. Así se le garantiza a los educandos el acceso gratuito al conocimiento académico y a la cultura en general.

En todo el sistema educativo, desde el preescolar hasta el universitario, se cuenta con los programas de becas para garantizar la permanencia de los estudiantes en sus instituciones. Las becas también deben contemplar el suministro requerido del material bibliográfico.

El Lic. Arnaldo Bonilla también nos propone en el también ya citado artículo Derechos de autor y un cambio de mentalidad otras alternativas:

“Camino para el bien común. Otros países han llegado a un acuerdo con respecto al uso de copias de libros de texto obligatorios y, sabiamente, han buscado mecanismos para favorecer de alguna manera a los estudiantes sin irrespetar los derechos de autor.

Por ejemplo, muchas universidades foráneas preparan una lista con los libros de texto obligatorios y llegan a un acuerdo con el autor para hacer una reproducción autorizada. Luego, imprimen para los estudiantes una serie determinada de copias autorizadas a un precio inferior que el original.

Otra solución son los centro de fotocopiado autorizados donde existe cierta literatura, cuyos autores permiten reproducir a bajo costo y, un porcentaje del dinero recaudado se deposita en instituciones que promueven los derechos de autor o centro de investigación”.

De igual modo que sugiere el Lic. Bonilla se puede autorizar (no concesionar) centros de fotocopiado, propios de cada institución educativa, con la debida autorización de autores y editoriales reproducir el material requerido por los estudiantes, a quienes se les facilitará al costo.

Bolsas de libros usados: se puede promover en cada institución educativa que los estudiantes regalen sus libros, una vez terminado sus ciclos, para que puedan ser utilizados por otros.

Finalmente que nuestras autoridades agilicen la autorización para la sociedad de gestión de derechos reprográficos en trámite, Asociación Costarricense de Derechos Reprográficos (ACODERE), herramienta que permitirá a los fotocopiadores hacer reproducciones legales (no clones), mediante el pago de un canon que se distribuirá entre los dueños patrimoniales de las obras editoriales.

NOTA FINAL

Los autores, autoras, editores, ilustradores, diseñadores gráficos, correctores de estilo, filólogos, fotógrafos, distribuidores y libreros de este país conformamos una familia que no escatima esfuerzos para dignificar al autor, al libro y a los que nos dedicamos a su difusión, y con ellos ser promotores de una sociedad más culta, inteligente, sensible, solidaria, justa y capaz. En busca de tal objetivo tropezamos una y otra vez, casi de forma sistemática, con la indiferencia y falta de apoyo por parte de instituciones públicas llamadas a estimular toda iniciativa en pro de nuestra cultura y educación.

Cuando mencionamos la palabra libro necesariamente tenemos que pensar en su creador. El autor nos ofrece el fruto de horas, días y hasta años en investigación, sea literaria, técnica o científica.

El medio más democrático coadyuvante en la educación, aún hoy, a pesar de los avances tecnológicos, sigue siendo el libro, instrumento fácil de llevar, manipular, consultar y hasta de adquirir a precios accesibles, gracias a la variedad de su oferta.

Termino con el cierre del artículo Derechos de autor y cambio en la mentalidad del Lic. Arnaldo Bonilla Quesada:

“Es importante rescatar y promover el respeto a los derechos de propiedad intelectual para que los estudiantes tengan acceso a las obras y, en adelante, sean ellos mismos quienes ofrezcan a la sociedad invenciones y nuevas soluciones para el bien común y para el propio”

Dunia Solano Aguilar

Recopiladora para la Cámara Costarricense del Libro

 

Artículos citados:

Gabriela Miranda Urbina, La propiedad intelectual es un derecho humano (La Nación, mayo 10, 2012)

Ricardo Homs, La ley Villalta…legalización del latrocinio (El Universal.mx, Edición Digital, México, 13 de agosto del 2012)

Óscar Castillo, director de Uruk Editores, artículo próximo a publicar, La excepción académica no es la norma

Arnaldo Bonilla Quesada, Derechos de Autor y un cambio en la mentalidad (La Nación, 27 de mayo, 2010)

Jorge Jefferson Porras Cartín, ¿Fotocopiado o piratería?, jjefferson.ticoblogger.com 21 de agosto, 2012

Adriano Corrales Arias, De la quema de libros al fotocopiado (Diario Extra, 24 de julio, 2012)

Jaime Ordoñez, Libros, fotocopias y populismo (Diario Extra, 24 de Julio, 2012)

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